El nuevo proyecto de ley que daría al presidente amplios poderes para cerrar una web e incluso toda la red por razones de seguridad nacional avanza a velocidad de crucero.
Se pretende legislar por el procedimiento de urgencia para dotar al presidente de plenos poderes. ¿Una manera de bloquear Wikileaks? ¿Por qué la propia Casa Blanca no ha manifestado ninguna opinión?
Sabemos que la Ley de Protección del Ciberespacio fue presentada la semana pasada por el senador Joseph Lieberman, presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado, y la senadora Susan Collins.
El perfil político de los dos promotores es clave en el análisis de un proyecto que no estaba en la plataforma con la que Obama se presentó a las elecciones. Estamos ante un hecho excepcional. Materia delicada que afecta a la base misma de las libertades civiles.
Otro dato revelador es que el Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes ha aprobado una legislación idéntica, lo que evidencia la determinación para dotar urgentemente a la Casa Blanca de plenos poderes para apagar la red. La Casa Blanca calla. Lieberman mueve los hilos.
El senador Lieberman se ha convertido en el artífice de esta “ley de excepción” y en el encargado de acelerar su trámite. No está claro que cuente con el apoyo de la Casa Blanca pero nadie duda que en el Pentágono el senador Lieberman tiene todos los apoyos.
Lieberman dijo que la medida tenía por objeto evitar un “ciber11-S” en el que “cyberwarriors, cyberspies, ciberterroristas y cibercriminales” pongan en su mira a Estados Unidos y puedan cerrar la infraestructura que depende de Internet. Una lista de objetivos que incluyen desde plantas de energía nuclear, bancos o las redes informáticas del Pentágono.
“Internet puede haber comenzado como una rareza de comunicaciones, pero ahora es una necesidad de la vida moderna y, por desgracia, está bajo amenaza constante”, dijo Lieberman justo antes del ataque cibernético masivo contra el motor de búsqueda de la compañía Google, un ataque que se cree fue organizado por el gobierno chino y que ahora sirve para justificar el “botón rojo” presidencial con el que poder apagar Internet.
Joseph Lieberman se presentó como candidato “independiente” pero manteniendo su militancia demócrata. Un influyente político capaz de aunar el apoyo bipartidista y no ser cuestionado.
Pareja de Al Gore en las elecciones presidenciales del año 2000. En 2006 pagó el apoyo desmesurado que había dado a la guerra en Iraq, perdiendo las primarias demócratas por su circunscripción (Connecticut) frente a Ned Lamont al que luego derrotaría como independiente con el voto del electorado republicano y el sector más derechista del demócrata.
La derrota interna frente a Lamont fue calificada por Dick Cheney como una buena noticia para los terroristas. Su posterior candidatura “independiente” fue apoyada por Bill Clinton.
Su influencia, su inmenso poder “transpartidista” y la libertad de movimientos con la que actúa Lieberman se refleja en que a pesar de su apoyo al contrincante de Obama, sigue siendo poco cuestionado por las figuras más representativas del que sigue siendo su partido.
Para sacar adelante la ley que otorga poderes al Presidente para “apagar” Internet, Joseph Lieberman, ha repetido tándem con la senadora republicana por Maine, Susan Collins.
Con ella intentó revitalizar el proceso para aprobar la polémica “Ley de Prevención de la Radicalización Violenta y el Terrorismo Nacional” que descalifica a Internet como herramienta de radicalización:
Internet ha ayudado a facilitar la radicalización violenta, ideológicamente basada en la violencia y el terrorismo nacional en Estados Unidos, mediante la provisión de acceso a los ciudadanos estadounidenses a las amplias y constantes corrientes de propaganda relacionada con el terrorismo.
La protesta generalizada de los grupos en defensa de las libertades civiles obligó a Joseph Lieberman a dejar el proyecto de ley en suspenso. Sin embargo, Lieberman y su “compañera”, la senadora republicana por Maine, Susan Collins, siguieron haciendo campaña y en mayo de 2008 publicaron un informe que volvía a relacionar Internet con el terrorismo islámico:
La amenaza del terrorismo nacional está en aumento, instigada por la capacidad de Internet de difundir el reclutamiento básico y el mensaje de entrenamiento de violentos grupos terroristas islámicos.
Google vs. Lieberman
Lieberman exigió a Google que eliminase los videos de YouTube producidos por “organizaciones terroristas tales como Al-Qaeda”. Google respondió el 19 de mayo retirando ochenta videos que la compañía aceptó que violaban las Directrices Comunitarias de YouTube, que representaban violencia gratuita, abogaban por la violencia o utilizaban el lenguaje del odio.
Google, sin embargo, rechazó acceder a todas las demandas de Lieberman, que incluían la censura de todos los videos que mencionaban o mostraban a grupos que figuraban en la lista del Departamento de Estad de EEUU como organizaciones terroristas extranjeras, como por ejemplo Al-Qaeda.
“El senador Lieberman expuso su opinión… de que todos los videos que mencionan o muestran a estos grupos se debían eliminar de YouTube, aún cuando fueran legales, no violentos o no incluyera lenguaje de odio”, respondió Google.
“YouTube apoya la libertad de expresión y defiende los derechos de cada cual a expresar puntos de vista impopulares”.
Chip Berlet, analista principal del grupo de investigación Political Research Associates de Boston, dijo que, en su opinión, las acciones de Lieberman constituían un “sucio truco político” motivado por el intento de hacer que los candidatos presidenciales aceptaran una postura más agresiva en el Medio Oriente.
Se repite la historia con los mismos nombres. Ahora el proyecto de ley crearía una nueva agencia federal, el Centro Nacional de Seguridad Cibernética y Comunicaciones , dentro del Departamento de Seguridad Nacional, con un director “avalado” por el Senado, en el que Lieberman es muy influyente, y que sería propuesto directamente por el Presidente.
En la práctica la capacidad de decretar “un apagón de la red”, sería del director de este nuevo organismo.
El proyecto de ley que otorgaría al presidente Obama el poder de declarar una “emergencia nacional cibernética”, obligaría a las empresas privadas ligadas a la Web, incluidos los proveedores de servicios de Internet y motores de búsqueda, a cortar sus conexiones con la World Wide Web durante un máximo de 30 días.
Esto ha generado mucha inquietud en la blogosfera y medios digitales independientes, pero la polémica no ha traspasado la brecha – cada día más amplia – que separa a medios instalados – de origen societario anterior al nacimiento de la red – y los medios nacidos en la red (nativos digitales).
Mientras los patrocinadores del proyecto de ley dicen que la intención es crear un escudo para defender a los Estados Unidos y sus grandes compañías de la amenaza creciente de ataques cibernéticos, los activistas en defensa de las libertades civiles denuncian que el proyecto de ley puede dar a la Casa Blanca la posibilidad de restringir el acceso a internet por motivos de inspiración política.
“Hemos visto a través de la historia reciente que en caso de emergencia, el Poder Ejecutivo interpreta sus atribuciones de manera muy amplia”, dijo Gregory Nojeim del Center for Democracy and Technology, un grupo que promueve la libertad en Internet:
El proyecto de ley, que avanza “a gran velocidad”, es demasiado vago en su definición de lo que sería necesario hacer en caso de emergencia.
“La forma en que parece estar redactado, el proyecto fácilmente podría representar una amenaza para la libertad de expresión”, mantiene Wayne Crews del Competitive Enterprise Institute:
El proyecto de ley ha sido redactado permitiría a la Casa Blanca a cerrar sitios web como Wikileaks bajo la apariencia de un ciber-emergencia.
WikiLeaks que formalmante tiene su sede en Suecia ha anunciado que está preparando el lanzamiento de un nuevo video clasificado del Pentágono que prueba una matanza indiscriminada de más de 140 civiles, la mayoría de ellos niños y adolescentes.
Además se cree que la organización de Julian Assange puede publicar algunos de los cables clasificados supuestamente filtrados por el oficial de inteligencia arrestado en Kuwait. Informes confidenciales que desvelarían la compra de voluntades políticas. ¿Una amenaza para la seguridad penal de los responsables de garantizar la “seguridad nacional? ¿Dónde está la amenaza?
